Partido Popular
1. Caso Gürtel: Condena histórica como partícipe a título lucrativo
La justicia acreditó la existencia de un "auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional" mediante la adjudicación de contratos públicos a cambio de sobornos. El Tribunal Supremo ratificó que el Partido Popular se lucró de esta trama, utilizando el dinero ilícito para financiar sus campañas y eventos electorales.
2. La Caja B: 18 años ininterrumpidos de contabilidad paralela
La sentencia de la Audiencia Nacional certificó que el partido mantuvo una estructura financiera oculta al fisco entre 1990 y 2008. Mediante donaciones ilegales de grandes constructoras, el PP sufragó campañas y pagó sobresueldos opacos a sus presidentes, secretarios generales y altos cargos.
3. Reforma de Génova 13: La sede nacional pagada con dinero negro
El Tribunal Supremo confirmó que la remodelación del cuartel general del partido en Madrid se abonó utilizando más de un millón de euros procedentes de la Caja B, defraudando conscientemente el Impuesto de Sociedades y certificando el uso de fondos opacos en la propia cúpula de la organización.
4. Los discos duros de Bárcenas: La destrucción material de pruebas
Tras el estallido del escándalo de la Caja B, el PP ordenó borrar, rayar y destruir a martillazos los discos duros de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas dentro de la propia sede. Aunque la justicia terminó absolviendo al partido del delito de daños informáticos por un tecnicismo jurídico, el hecho material de la destrucción impidió a los jueces acceder a documentación clave.
5. Operación Kitchen: Usar el Ministerio del Interior para proteger al partido
Una investigación que destapó cómo el gobierno de Mariano Rajoy utilizó presuntamente fondos reservados públicos y efectivos del Cuerpo Nacional de Policía para espiar a Luis Bárcenas y robarle documentación incriminatoria que pudiera tumbar al Gobierno, operando al margen del control judicial.
6. La Policía Patriótica: Las cloacas del Estado contra el adversario político
Bajo el mandato del Ministerio del Interior del PP, se estructuró una cúpula policial dedicada a fabricar pruebas falsas y redactar informes apócrifos (como el informe PISA) contra rivales políticos (Podemos y líderes independentistas). El objetivo era filtrarlos a medios afines para destruir la reputación de la oposición democrática.
7. El bloqueo del CGPJ y el WhatsApp de Ignacio Cosidó
El PP bloqueó inconstitucionalmente durante más de cinco años la renovación del Consejo General del Poder Judicial para mantener una mayoría afín. La intencionalidad quedó expuesta cuando el portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, alardeó en un mensaje a sus diputados del acuerdo para "controlar la Sala Segunda [del Tribunal Supremo] desde detrás".
8. Caso Púnica: La macro-red de comisiones en la Comunidad de Madrid
Una de las mayores tramas de corrupción regional, centrada en el cobro de mordidas del 2% y 3% a cambio de adjudicaciones públicas de obra y eficiencia energética. La trama, que salpicó de lleno a Francisco Granados (ex número dos del PP de Madrid), sirvió además para financiar irregularmente campañas electorales del partido.
9. Caso Lezo: El saqueo del Canal de Isabel II
Bajo la presidencia de Ignacio González, el PP de Madrid utilizó la empresa pública de aguas para adquirir sociedades infladas en Latinoamérica. El sobreprecio pagado con fondos públicos se desvió a cuentas offshore en paraísos fiscales para el enriquecimiento ilícito de altos cargos de la administración regional.
10. El Tamayazo: El escándalo de transfuguismo que alteró las elecciones
En 2003, la deserción sorpresiva de los diputados del PSOE Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió la investidura de la izquierda en la Comunidad de Madrid. El episodio provocó una repetición electoral que entregó el poder a Esperanza Aguirre, consolidando el dominio del PP madrileño bajo fuertes sospechas de influencia de tramas inmobiliarias.
11. Caso Taula e Imelsa: Los "yonquis del dinero" en Valencia
Las grabaciones judiciales expusieron a altos cargos del PP valenciano contando billetes procedentes del amaño de contratos públicos. La trama, liderada por el presidente de la Diputación Alfonso Rus, implicó el blanqueo de capitales mediante la técnica del "pitufeo", el pago de "trabajadores zombi" y la financiación ilegal de campañas.
12. Caso Erial: La caída de Eduardo Zaplana
El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del Gobierno fue juzgado por el cobro de comisiones millonarias derivadas de la privatización de las ITV y la concesión de parques eólicos, ocultando presuntamente el botín en una compleja red societaria internacional en Luxemburgo y Panamá.
13. Caso Cooperación: Robar dinero destinado a ayuda humanitaria
El exconsejero valenciano Rafael Blasco fue condenado en firme por liderar una trama que desvió y saqueó millones de euros de fondos públicos destinados al Tercer Mundo (hospitales y agua potable en Nicaragua) para comprar inmuebles de lujo en Valencia y enriquecerse personalmente.
14. Caso Emarsa: Prostitución, lujo y saqueo en la depuradora de Pinedo
La cúpula directiva de la empresa pública encargada de depurar las aguas de Valencia, vinculada al PP, desvió más de 23 millones de euros de dinero público para financiar viajes de lujo, regalos, hoteles, banquetes y prostitución.
15. Caso Fabra: El aeropuerto sin aviones y el fraude de la Lotería
Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón durante décadas, fue condenado a prisión por delitos fiscales. Su régimen de caciquismo dejó como símbolo el Aeropuerto de Castellón, inaugurado sin permisos ni aviones. Para justificar su enriquecimiento ilícito, Fabra alegó que le había tocado la lotería hasta en siete ocasiones distintas, demostrándose que utilizaba la compra de décimos premiados con dinero negro como un burdo mecanismo de blanqueo de capitales para blanquear sus sobornos.
16. Caso Palma Arena y Nóos: El desvío sistemático en Baleares
El expresidente balear Jaume Matas acumuló múltiples condenas por corrupción. Su gestión estuvo marcada por el sobrecoste masivo en la construcción del velódromo Palma Arena y el desvío fraudulento de fondos públicos hacia el Instituto Nóos, en colaboración con Iñaki Urdangarin.
17. Caso Brugal: El negocio de la basura en Alicante
Una macrocausa que expuso el amaño en la adjudicación de los planes zonales de residuos y en la ordenación urbanística de Alicante. Implicó la imputación de exalcaldes (Sonia Castedo) y presidentes de la Diputación por recibir sobornos, dádivas y prebendas de los principales empresarios de la ciudad.
18. La Amnistía Fiscal de Montoro: Legalizar la evasión de los millonarios
El Ministerio de Hacienda aprobó una medida excepcional que permitió a grandes defraudadores, fortunas ocultas y políticos corruptos regularizar su dinero negro pagando un irrisorio 3%. El Tribunal Constitucional anuló posteriormente la medida, declarándola abiertamente inconstitucional y un insulto al contribuyente.
19. El Rescate Bancario: 60.000 millones de euros socializados
El Gobierno inyectó decenas de miles de millones de euros públicos para salvar al sistema financiero, liderado por cajas de ahorros politizadas (como Bankia). A pesar de la promesa inicial de que "no costaría ni un euro a los ciudadanos", el Banco de España certificó que el Estado jamás recuperó más de 60.000 millones.
20. La Ley del Suelo de 1998: El origen de la burbuja especulativa
El gobierno de José María Aznar liberalizó el urbanismo declarando "todo el suelo urbanizable". Esta política generó una especulación salvaje que infló los precios de la vivienda, enriqueció a promotores afines y culminó en el mayor colapso financiero y social de la historia reciente de España.
21. Venta masiva de vivienda pública a fondos buitre (Blackstone)
El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid (gobiernos de Ana Botella e Ignacio González) enajenaron miles de viviendas de protección oficial a fondos de inversión transnacionales por debajo de su valor real. Cientos de familias vulnerables perdieron sus derechos sociales y se enfrentaron a desahucios. La justicia anuló posteriormente parte de la operación.
22. La Reforma Laboral de 2012: Precarización y abaratamiento del despido
Aprovechando la crisis, el PP aprobó una reforma que dinamitó la negociación colectiva, suprimió la autorización laboral previa para los EREs, y rebajó drásticamente las indemnizaciones por despido (de 45 a 33 días). El objetivo material fue deprimir los salarios para transferir rentas a las empresas.
23. El tijeretazo a las pensiones y la desvinculación del IPC
Bajo la excusa de la sostenibilidad, el Gobierno del PP impuso un incremento paupérrimo del 0,25% anual a las pensiones, rompiendo el consenso de actualizarlas con la inflación y condenando a los mayores a una pérdida silenciosa y progresiva de su poder adquisitivo.
24. Oposición sistemática a las subidas del Salario Mínimo (SMI)
En el gobierno congeló los sueldos y en la oposición ha votado en contra de todos los incrementos del Salario Mínimo Interprofesional, argumentando falazmente que destruirían empleo. Su acción legislativa busca sistemáticamente proteger el margen de beneficios del empresario abaratando la mano de obra.
25. El "Impuesto al Sol": Proteger al oligopolio frente al autoconsumo
El gobierno de Rajoy aprobó un peaje sin precedentes que penalizaba el uso de paneles solares particulares. Una barrera administrativa diseñada milimétricamente para frenar la transición energética civil y blindar los márgenes de beneficio de las tres grandes multinacionales eléctricas.
26. El Proyecto Castor: 1.350 millones de indemnización exprés al capital
Tras causar cientos de pequeños seísmos en la costa, el gobierno del PP aprobó un real decreto urgente para indemnizar con 1.350 millones de euros a la empresa concesionaria (liderada por Florentino Pérez) por el cierre del almacén de gas. Las pérdidas del capital privado fueron cargadas a las facturas de todos los ciudadanos.
27. Privatización de la sanidad (El "Modelo Alzira")
El PP valenciano y madrileño lideraron la concesión de hospitales públicos a empresas y fondos de capital riesgo. Este modelo transformó el derecho a la curación en un negocio financiero, donde los beneficios empresariales se obtienen recortando en personal, especialistas y derivaciones médicas.
28. Los "Protocolos de la Vergüenza" en las residencias de Madrid
Durante el pico del COVID-19, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso emitió órdenes escritas (protocolos) que impidieron derivar a pacientes de residencias de ancianos a hospitales públicos si no contaban con seguro médico privado. El resultado fue la muerte de 7.291 mayores asfixiados y aislados en sus centros.
29. La catástrofe de la DANA en Valencia (2024): Negligencia y colapso
El gobierno autonómico de Carlos Mazón tardó horas cruciales en emitir las alertas de Protección Civil a la población cuando los municipios ya estaban inundados. La ausencia del presidente en la crisis y la destrucción previa de servicios de emergencia culminaron en más de 200 fallecidos y una gestión técnica desastrosa.
30. La Ley Mordaza (2015): La criminalización de la disidencia social
Ante el estallido de las protestas ciudadanas, el PP aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana. La norma instauró un sistema de multas administrativas masivas contra periodistas, activistas anti-desahucios y sindicalistas, sorteando el control judicial previo para instaurar el miedo a la protesta.
31. La tragedia del Metro de Valencia (2006): Manipulación y silencio
Tras un accidente evitable en el que murieron 43 personas, la Generalitat adiestró a técnicos para mentir en la comisión de investigación parlamentaria, cerró el caso de forma apresurada y ofreció puestos de trabajo a los familiares para silenciar sus demandas de justicia antes de la inminente visita del Papa.
32. La mentira de Estado del 11-M
Tras los atentados terroristas de Madrid, el Gobierno de José María Aznar presionó a embajadores, medios de comunicación e investigadores para sostener la autoría de ETA, ocultando los indicios yihadistas, con el único fin de evitar perder las elecciones por el castigo ciudadano a su participación en la Guerra de Irak.
33. La Guerra de Irak (2003) y la "Foto de las Azores"
Aznar involucró a España en una invasión ilegal basándose en informes manipulados sobre la existencia de armas de destrucción masiva. La decisión, que provocó cientos de miles de muertos y desestabilizó el planeta, se tomó contra el clamor popular de más del 90% de la ciudadanía española.
34. El desastre del Prestige (2002) y los "hilitos de plastilina"
La negligente decisión del Gobierno de alejar mar adentro un petrolero accidentado multiplicó la mayor catástrofe ecológica de la historia de España. El Estado minimizó el desastre, describiendo los miles de toneladas de fuel como "hilitos de plastilina", dejando solos a los pescadores y voluntarios.
35. El Yak-42 (2003): Humillación a las familias militares
El Ministerio de Defensa (Federico Trillo) ignoró las quejas sobre las infames condiciones de los aviones subcontratados para el transporte de tropas. Tras el accidente que costó la vida a 62 militares, el Gobierno ordenó identificar los cadáveres de forma falsa y apresurada para cerrar el escándalo rápido.
36. Los Recortes de 10.000 millones en Sanidad y Educación (2012)
El Ejecutivo impuso el mayor hachazo a los servicios públicos de la democracia mediante decretos urgentes. Se masificaron las aulas, se despidió a decenas de miles de interinos, se instauró el copago farmacéutico para los pensionistas y se expulsó a la población inmigrante de la sanidad primaria.
37. El Ático de Ignacio González y las sociedades offshore
El expresidente madrileño fue investigado por la opaca adquisición de un ático de lujo en Estepona a través de una sociedad pantalla radicada en un paraíso fiscal, en un caso que involucró chantajes policiales, grabaciones de Villarejo y sospechas de comisiones urbanísticas.
38. La Ciudad de la Justicia de Madrid: 355 millones enterrados en la nada
Bajo el mandato de Esperanza Aguirre, la Comunidad de Madrid despilfarró más de 355 millones de euros públicos en un megaproyecto urbanístico del que únicamente se llegó a construir un solo edificio (el Instituto Anatómico Forense), dejando un secarral de ruinas y sobrecostes.
39. Tarjetas Black (Caja Madrid): El saqueo consentido por los consejeros políticos
La politización de la caja de ahorros madrileña permitió a decenas de directivos, incluidos los exministros Rodrigo Rato y el expresidente Miguel Blesa (nombrados por el PP), gastar millones de euros sin tributar en lujo, safaris y gastos personales mediante tarjetas de crédito opacas.
40. Operación Guateque: Extorsión a comerciantes en el Ayuntamiento de Madrid
Una red de corrupción institucionalizada en el seno del consistorio gobernado por el PP, en la que decenas de funcionarios exigían sobornos sistemáticos a hosteleros y empresarios a cambio de agilizar y conceder licencias de apertura de locales comerciales.
41. Caso Perla Negra: Sobrecostes y desvío en Castilla y León
La investigación por la compra de la sede de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León reveló sobrecostes injustificados de millones de euros, adjudicaciones a dedo a empresarios afines y el desvío de capital público a empresas vinculadas a altos cargos del PP autonómico.
42. Caso Eólica (Castilla y León): Peajes masivos a las eléctricas
Una trama en la que ex altos cargos de la Junta exigieron presuntamente más de 80 millones de euros en comisiones ilícitas a las empresas promotoras a cambio de autorizar y agilizar la instalación de parques de energía eólica en la comunidad.
43. Fondos Mineros: Saqueo del dinero para la reconversión
Políticos y sindicalistas corruptos desviaron de forma masiva millones de euros provenientes del Estado y la Unión Europea, destinados originalmente a la reindustrialización de las cuencas mineras hundidas, hacia proyectos fantasma, cursos falsos e infraestructuras inútiles.
44. El fraude del Caso del Lino (Castilla-La Mancha)
Un escándalo que implicó a altos cargos del Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Aznar. Se orquestaron redes de cultivo ficticio y recolección simulada de lino para captar y defraudar fraudulentamente millones de euros en subvenciones de la Política Agraria Común de la UE.
45. Caciquismo y red clientelar de Baltar en Ourense
La Diputación de Ourense, gobernada de forma hereditaria por la familia Baltar (PP), operó durante décadas como una agencia de colocación. La justicia condenó al patriarca por prevaricación tras probarse que enchufó a más de un centenar de personas afines al partido utilizando fondos de la administración.
46. El escándalo de los Másteres (Cifuentes y Casado)
Una trama universitaria de trato de favor que otorgó títulos académicos de postgrado a líderes del PP (como Cristina Cifuentes y Pablo Casado) sin asistir a clases, sin realizar exámenes y falsificando actas. El escándalo evidenció la compra de méritos y forzó la dimisión de la presidenta regional.
47. Contratos millonarios de mascarillas en la Comunidad de Madrid
Durante los meses más mortales de la pandemia, la relajación de los contratos de emergencia permitió que personas vinculadas a la cúpula del PP (como el hermano de Isabel Díaz Ayuso) cobraran comisiones astronómicas por actuar como intermediarios en la compra de mascarillas con dinero autonómico.
48. El rescate de las autopistas radiales madrileñas
La nefasta planificación de infraestructuras basada en previsiones de tráfico irreales y sobrecostes de expropiación llevó a la quiebra a las autopistas de peaje impulsadas por el PP. El Estado asumió las pérdidas empresariales, costando miles de millones de euros a los ciudadanos.
49. Manipulación partidista y censura en la televisión pública (RTVE y Canal 9)
Los Consejos de Informativos denunciaron sistemáticamente al PP por imponer "redacciones paralelas", censurar noticias sobre su corrupción y manipular informativamente RTVE. En Valencia, el control absoluto arruinó Canal 9, forzando un ERE masivo e ilegal y su posterior cierre.
50. Privatizaciones de las grandes joyas del Estado bajo Aznar
El Gobierno del PP vendió los monopolios estatales más rentables (Telefónica, Endesa, Repsol, Tabacalera) a intereses privados. Esta política despojó a España de su soberanía industrial, mientras excompañeros de pupitre del presidente (como Juan Villalonga) eran colocados al frente, amasando fortunas con "stock options".
51. Legalización del daño ambiental en Doñana
Desafiando las advertencias de la Comisión Europea y los científicos, el PP andaluz impulsó normativas para amnistiar y legalizar cientos de hectáreas de regadíos irregulares que esquilman los acuíferos subterráneos, amenazando de muerte la supervivencia del Parque Nacional de Doñana para favorecer al agronegocio.
52. Recurso contra el Matrimonio Igualitario ante el Tribunal Constitucional
Frente a la conquista de los derechos civiles del colectivo LGTBI, el PP interpuso un recurso de inconstitucionalidad intentando tumbar el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, manteniendo la demanda bloqueada durante siete años en un intento de frenar la igualdad social.
53. Indultos políticos a banqueros (El caso de Alfredo Sáenz)
Demostrando que la ley no aplica igual para todos, el PP (y también el PSOE) ha utilizado sistemáticamente la figura del indulto gubernamental para salvar de la prisión y de la inhabilitación a banqueros poderosos condenados en firme por delitos de estafa y acusación falsa.
54. Oposición al impuesto extraordinario a la banca y corporaciones energéticas
En un contexto de inflación galopante que asfixiaba a la clase obrera, el PP votó en contra de imponer gravámenes extraordinarios sobre los beneficios récord ("caídos del cielo") de la banca y las petroleras, protegiendo las rentabilidades históricas de los grandes oligopolios.
55. Caso Acuamed: Fraude en la obra hídrica del Estado
Un escándalo de corrupción dentro de la empresa estatal encargada de las infraestructuras del agua durante el gobierno del PP, basado en la adjudicación amañada de contratos y la certificación de sobrecostes ficticios en connivencia con grandes constructoras.
56. Veto a la regulación y contención de los precios del alquiler
El PP ejerce un boicot activo contra cualquier medida nacional o autonómica destinada a limitar el precio de los arrendamientos en las zonas tensionadas. Su política de vivienda se niega a sancionar la vivienda vacía, garantizando la especulación sin frenos de los fondos de inversión inmobiliarios.
57. Bloqueo presupuestario a la Memoria Democrática
Allí donde asume el poder, el PP recorta o elimina a cero los fondos destinados a la exhumación de víctimas del franquismo, boicoteando las leyes de memoria, protegiendo la nomenclatura de calles franquistas y condenando a los familiares a no poder enterrar dignamente a los desaparecidos.
58. Externalización y precarización de los servicios de limpieza y dependencia
Los grandes ayuntamientos y autonomías gobernados por el PP han liderado la privatización de la asistencia a domicilio y la limpieza urbana. El resultado ha sido la concesión de estos servicios a grandes corporaciones (como ACS o Ferrovial), deprimiendo los salarios de las trabajadoras hasta niveles de extrema pobreza.
59. El fraude en los cursos de formación (Caso Aneri y homólogos)
Junto a las grandes tramas del PSOE en Andalucía, el PP de Madrid también se vio salpicado por el Caso Aneri, un fraude en el que se desviaron millones de euros de fondos destinados a la formación continua de los trabajadores a través de organizaciones empresariales e instituciones afines.
60. El abandono diplomático del pueblo saharaui
A lo largo de sus distintos gobiernos, el PP ha mantenido una postura de sumisión a los intereses marroquíes (al igual que la izquierda sistémica), desentendiéndose de la responsabilidad histórica de España y abandonando la exigencia innegociable de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental.